Las nuevas tasas judiciales en vigor desde el pasado 22 de noviembre también afectarán de forma sensible a los autónomos y también a las pymes. Los gravámenes aprobados instalan la obligación de un pago que oscilará entre 100 y 400 euros a la hora de reclamar que se abone una deuda de 2.000 euros en adelante. Solo las reclamaciones por importes inferiores a 2.000 euros estarán exentas del pago de tasas. De esa cantidad en adelante, los demandantes deberán de pagar 100 euros por un juicio monityorio, 150 euros por un juicio verbal por reclamaciones de hasta 6.000 euros y 300 por un juicio ordinario.
Es más, el acreedor deberá de abonar un 0,5% de la cantidad que reclama mientras sea inferior a un millón de euros y un 0,25% si supera el millón de euros. Si la reclamación se refiere a un juicio cambiario, la reclamación de un pagaré por ejemplo, la tasa aplicada es de 150 euros.
Además de estos impuestos fijos, el demandante deberá pagar como es lógico los honorarios de abogados y procuradores lo que provocará que los afectados opten por no demandar en muchos casos.
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