En los últimos ejercicios, el Ejecutivo ha aprobado medidas como el plan de pago a proveedores y ha impulsado la factura electrónica para que el sector público abone su deuda comercial dentro de los 30 días que marca la legislación.
Los últimos datos publicados por Hacienda muestran que la Administración central, la Seguridad Social y los ayuntamientos cumplen los plazos. La morosidad se concentra en las comunidades autónomas y, en concreto, en sus organismos dependientes.
En conjunto, las comunidades abonan sus deudas a 88 días. Valencia, Aragón y Extremadura son las que pagan más tarde y, según la legislación vigente, Hacienda podría en última instancia retenerles parte de las transferencias que reciben del sistema de financiación. Navarra, País Vasco y Galicia son las más cumplidoras.
Entre las capitales o ciudades mayores de 75.000 habitantes, que tienen la obligación de entregar información mensualmente, lideran el ranking de morosidad tres municipios andaluces: Jaén, Cádiz y Jerez de la Frontera. Le siguen Mérida (Extremadura), Alcorcón (Madrid) y Gandía (Valencia). Todas ellas pagan por encima de los 130 días. En cambio, l’Hospitalet de Llobregat (Cataluña), Logroño (La Rioja) y Huesca (Aragón) presentan un período medio de pago negativo.
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