El equipo económico de la Unión Europea trabaja para poner en marcha un plan de inversiones de hasta 300.000 millones de euros entre 2015 y 2017. La UE necesitaría cinco veces esa cantidad para recuperar el nivel de inversión previo a la crisis.
Para evitar la peligrosa espiral de desconfianza, la CE quiere incentivar la inversión en los sectores que puedan concretar proyectos a corto plazo, que tengan un impacto claro en el mercado laboral y que supongan un valor añadido desde el punto de vista de integración.
La definición de esos sectores se negocia en estos momentos en la sede de la Comisión. Y cada comisario europeo pugna por colocar sus áreas de influencia o su país de origen entre las prioridades del plan Juncker. El resultado definitivo de ese regateo no se conocerá hasta la cumbre europea del 18 y 19 de diciembre en Bruselas. Pero ya se puede adelantar que el mercado energético figurará en un lugar preeminente y que con toda probabilidad absorberá buena parte de los 100.000 millones de euros al año que se pretenden movilizar. Las otras dos áreas de inversión serán transporte y redes de telecomunicaciones.
España se perfila como una de las principales beneficiarias de ese impulso, porque una de las prioridades es crear empleo y España sufre una de las tasas de paro más altas y endémicas de la UE. Miguel Arias Cañete, comisario español que lleva la cartera de Energía desde el día de 1 noviembre, será el encargado de seleccionar los proyectos de ese sector. La cumbre europea del pasado mes de octubre concedió además la máxima prioridad a los proyectos de interconexión energética para poner fin al aislamiento de la Península Ibérica y de los países bálticos. España, por último, ofrece la posibilidad de convertirse en una plataforma de distribución de gas, que complete o sustituya el siempre incierto suministro de Rusia.
España competirá, además, con los países de Europa central y del Este para captar inversión, a los que de momento Bruselas concede prioridad. Entre los 33 proyectos seleccionados por la Comisión en la última estrategia de seguridad energética solo figuran dos españoles, pero ninguno de ellos en los planes a más corto plazo: la interconexión submarina con Francia se fija para 2020; y la mejora de la unión gasística ni siquiera tiene fecha.
En contra de España puede jugar también la preferencia que Bruselas ha concedido últimamente a los corredores gasísticos del norte y sureste de Europa en detrimento de los proyectos en el sector eléctrico o de la posibilidad de utilizar la capacidad del gas ya existente en la Península Ibérica (dos gasoductos con el Magreb, siete terminales de gas natural en España y una en Portugal).
En cualquier caso, el principal enemigo de España y del resto de la UE se encuentra en los limitados recursos del propio plan anunciado por la Comisión. Bruselas reconoce que su impulso será sobre todo psicológico, porque la mayor parte de la inversión tendrá que salir del sector privado, dado que el presupuesto de la UE apenas dispone de margen hasta 2020.
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