El Gobierno quiere subir la cotización de los autónomos que más ingresan

Se adecuará la cotización al volumen de ingresos.

El 82,5% de los autónomos cotiza a la Seguridad Social por bases mínimas y el 67% paga la cuota mínima durante toda su vida, según el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, al término de la reunión de la Junta directiva de la Federación de Trabajadores Autónomos (ATA). Los autónomos pueden elegir la base reguladora por la que quieren cotizar; ante el escaso número de los que lo hacen por bases altas (sólo el 1,5% opta por las bases máximas), el Gobierno está estudiando cómo modificar la norma para "adecuar la cotización de los autónomos a lo que realmente ingresan", en palabras de Tomás Burgos.

En estos momentos, la base reguladora mínima de los autónomos se sitúa en 880 euros, lo que significa que pagan una cuota de 256 euros al mes a la Seguridad Social. Lo que se plantea es que la base reguladora esté lo más próxima posible a los ingresos reales, para lo cual tendrán que contar con la colaboración del Ministerio de Hacienda, con el fin de saber cuáles son los ingresos declarados por el autónomo. El problema surge con los empresarios que declaran en el sistema de módulos, que consiste en calcular el IRPF a pagar en base a unos elementos fijos objetivos (número de trabajadores, consumo eléctrico, metros cuadrados del local) y no conforme a los ingresos reales. También en este caso se apunta una solución a través de los libros de facturación que tienen que llevar los empresarios.

Pero al igual que subirían las cotizaciones sociales de los autónomos con ingresos más elevados, desde ATA insisten en que también tendría que adaptarse la cuota de los que ingresan menos, en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para los que pagar 256 euros al mes es excesivo.

"Es importante que los autónomos coticen de forma más significativa que hasta la fecha", aseguró Burgos, y que "puedan garantizar una prestación adecuada sin tener que recurrir sistemáticamente a los complementos a mínimos". El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que, hasta 2008, el régimen de autónomos de la Seguridad Social presentaba superávit. En ese año se produjo la incorporación del régimen agrario por cuenta propia y comenzaron los desequilibrios. En estos momentos el desfase entre cotizaciones y prestaciones en este régimen alcanza los 6.000 millones de euros.

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año se establecen las bases de cotización y será en la próxima Ley de Presupuestos para 2014 donde se introduzcan las modificaciones que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social concertará con las asociaciones de autónomos. Todos reconocen que "no es creíble" que el 82% de los autónomos tenga un rendimiento neto inferior a los 10.000 euros anuales.

A su vez, las prestaciones se ajustarían a lo cotizado. Fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que no tiene sentido dar complementos a mínimos a quien ha tenido la posibilidad de cotizar por una base reguladora mayor y no lo ha hecho. En todo caso, estos cambios se aplicarían a las pensiones futuras, no a los que ya las están cobrando.

Trabajadores a tiempo parcial
La modificación en el sistema de cotizaciones y pensiones de los autónomos se une a la que se va a realizar, obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional, para los trabajadores a tiempo parcial. La propuesta del ministerio es "aplicar un criterio de proporcionalidad", anunció Burgos, "para no producir una discriminación respecto al tiempo completo". De tal manera que el mínimo de años cotizados exigidos para poder tener derecho a la pensión será proporcional a la jornada, pero también lo será la cuantía de la pensión, explicaron fuentes de la Seguridad Social. Eso significa que a un trabajador que tenga media jornada durante toda su vida laboral se le exigiría la mitad de años cotizados (alrededor de siete en lugar de quince, según los parámetros actuales), pero la pensión que cobraría también estaría en función de lo realmente cotizado. Y para que no se produzca una discriminación del trabajador a tiempo completo habrá que reducir tambien, o eliminar, los complementos a mínimos, porque la pensión mínima no puede ser igual para un trabajador a tiempo completo que para uno a tiempo parcial. De otra manera, resultaría un incentivo al fraude en la contratación.

Fondo de reserva
El responsable de la Seguridad Social descartó que se vaya a utilizar el Fondo de Reserva de las pensiones este mes, pero no dijo lo mismo respecto a los próximos meses. En julio se abonará la paga extra a los pensionistas y el sistema no tiene ingresos suficientes para abonar dos pagas en un mes, a pesar de que, según Burgos, "los ingresos están empezando a dar signos positivos". El secretario de Estado apuntó que el único criterio es "utilizar el fondo de reserva lo más tarde posible. En agosto, mejor que en julio; en julio, mejor que en junio". La Seguridad Social "agotará todas las posibilidades para que, al menos este mes de junio, no se recurra al fondo de reserva", dijo Burgos. Entre esas posibilidades se encuentra el fondo de las mutuas de accidentes del trabajo, donde ya sólo quedan alrededor de 300 millones de euros, tras haber retirado el año pasado más de 3.000 millones para pagar las pensiones, y la cuenta corriente que la Seguridad Social tiene en el Banco de España pero que es muy variable y se trata más bien de un fondo de maniobra que depende, entre otras cosas, del vencimiento de cupones de la deuda donde está invertido el fondo de reserva.

Respecto al informe del comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad de las pensiones, Burgos consideró que se trata de una aportación "de gran calidad técnica, sobre la que han sido capaces de generar un consenso amplísimo". Pero se trata de un "texto para el debate", donde el Gobierno tratará de buscar un acuerdo político y social lo más amplio posible. Si no se alcanza el consenso, el Ejecutivo no eludirá "la responsabilidad de tomar las decisiones necesarias", aseguró el secretario de Estado.

En esa línea, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, señaló que "ahora se inicia el debate político y social" donde se va a buscar "el mayor de los consensos". La ministra se refirió al factor de sostenibilidad de las pensiones como una foma de "recontar céntimo a céntimo" los ingresos del sistema en cada momento y distribuirlos de acuerdo a reglas "fijas, predecibles y transparentes".

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, de UGT, Cándido Méndez, y de USO, Julio Salazar pidieron al Gobierno que no se "esconda" tras el informe del comité de expertos para tratar de recortar las pensiones en los próximos años y le recordaron que la decisión última corresponde al Pacto de Toledo y debe ser política. Tras la polémica suscitada por el voto favorable del responsable del servicio de estudios de Comisiones Obreras, Toxo aclaró que el dictamen "no recoge la posición del sindicato". "No nos sentimos vinculados, en absoluto".

Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE, Valeriano Gómez, se mostró dispuesto a dialogar, pero rechazó una reforma de las pensiones como la que han planteado los expertos porque sólo se basa en la reducción de las futuras pensiones y en dejar de revalorizarlas en épocas de crisis. Gómez anticipó que el PSOE elaborará una propuesta específica articulada en torno a los votos particulares de los dos miembros del comité cercanos al partido socialista -Santos Ruesga -que votó en contra- y José Luis Tortuero -que se abstuvo-.