La Administración General del Estado (AGE) tardó una media de 36,5 días en pagar a sus proveedores en el segundo trimestre de 2014, muy por encima de los 27 días de media que se alcanzaron en el primer trimestre del año. El plazo ha superado los 30 días que establece la Ley de Morosidad (60 días en el caso de pagos a empresas constructoras de obra civil con contrato en vigor).
A 30 de junio de 2014 había 1.646 operaciones pendientes de pago por un importe de 60,5 millones de euros. El Ministerio del Interior acumula el mayor volumen de pagos pendientes, con 480 operaciones por resolver y 6,3 millones de euros pendientes de pago, con un retraso medio de 53 días.
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