El próximo 31 de diciembre finalizarán los contratos de arrendamiento de renta antigua firmados antes de mayo de 1985, lo que puede provocar el cierre de negocios debido a la previsible subida de los alquileres. Según datos de la Unión de Trabajadores y Profesionales Autónomos (UPTA) casi 200.000 locales comerciales se pueden ver afectados por el cambio.
Esta medida llega en un momento complicado cuando el comercio minorista ha perdido un 8% de ventas en 2013 y 175.000 empleos desde 2010. También se verán afectados por la nueva medida el 19,5% de los establecimientos hosteleros.
Existe la posibilidad que en el Congreso se acepte una enmienda relativa al Proyecto de Ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia que se debatirá el día 3 de septiembre en el Congreso y que plantea una última moratoria de 5 años para poner fin a los contratos de renta antigua. Un tiempo que según UPTA puede ser suficiente para que mejore la situación económica general del país.
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