Activa Mutua reunirá en Reus a medio centenar de fisioterapeutas de toda España

Activa Mutua lleva dos años potenciando rehabilitación.

La jornada abordará las novedades científicas y evidenciará la potenciación del servicio de rehabilitación.

Activa Mutua ha programado para el próximo 15 de marzo, de 8.30 a 17.30 hrs., en sus servicios centrales de Reus situados en el parque tecnológico Tecnoparc, una jornada enfocada al equipo de especialistas en Medicina Física y Rehabilitación, y fisioterapeutas de la Entidad. El objetivo, ponerse al día en los más recientes avances científicos acontecidos en este entorno y propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos.

Esta jornada, promovida desde el Servicio de Rehabilitación de la Mutua, es la primera que se celebra desde la constitución de la Entidad en este ámbito asistencial, congregará a medio centenar de profesionales y cuenta entre sus objetivos principales, tal y como precisa el Dr. Tomislav Kranjcec, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, jefe del Departamento de Rehabilitación y responsable de la Unidad de Biomecánica de Activa Mutua: actualizar las terapias fisioterapéuticas en la red de centros propios; celebrar talleres prácticos específicos en materia de electroterapia y kinesiotape; abordar connotaciones específicas derivadas de accidentes laborales, enfermedades profesionales y contingencias comunes; facilitar la interrelación personal de todos los trabajadores del Servicio de Rehabilitación, y establecer grupos de trabajo multicéntricos para redactar en equipo, protocolos de rehabilitación de mano, columna vertebral, rodilla o tobillo.

El Dr. Kranjcec precisa que el programa de la jornada se ha basado en su mayor parte, en las conclusiones a las cuales ha llegado un sondeo realizado entre los especialistas que concurrirán a la jornada, y de donde se han extraído los temas más interesantes.

También se contará con un participante externo a la Mutua, un representante de la empresa DJO Global, compañía tecnológica en el ámbito de la fisioterapia, que ha mostrado gran interés por este acto y que aprovechará para ponerse al día en los últimos avances en materia de electroterapia y termoterapia.

Durante la jornada, también tendrán lugar talleres prácticos, como por ejemplo de kinesiotaping, para realizar vendajes específicos funcionales deportivos.

Entre los participantes también se ha promovido un concurso de estudios innovadores o clarificadores que presenten casos clínicos o aportaciones a temáticas especializadas. La entrega del galardón a los tres mejores trabajos será a cargo de la empresa DJO Global.

Potenciación del Servicio de Rehabilitación

Durante los dos últimos años, Activa Mutua potencia el Servicio de Rehabilitación. El Dr. Kranjcec destaca que esta es una de las zonas asistenciales de la Entidad donde el paciente pasa más tiempo como resultado de los tratamientos diarios y de continuación que recibe. De dos a cuatro horas diarias. Más cuando el enfermo ha sido víctima de un accidente laboral grave y complejo. Como consecuencia de esto, suele establecerse “un estrecho vínculo” entre el fisioterapeuta y el paciente y por lo tanto, se distingue como otra de las áreas de la Mutua que más aportan a su imagen y prestigio.

Activa Mutua cuenta con un total de 19 Centros de Rehabilitación, la mayoría de ellos situados en Cataluña (tres en Barcelona: Rosselló, Tarradellas y el Prat de Llobregat; Reus, Tarragona, Lleida, Palafrugell, La Bisbal d’Empordà, Mataró, La Seu d'Urgell, Igualada, Móra d'Ebre, Amposta y Tortosa). Fuera del Principado, en Valencia, Benetússer, Murcia, Elche y Huelva. Una infraestructura que cuenta con un equipo de profesionales compuesto por dos médicos rehabilitadores, 42 fisioterapeutas y seis auxiliares de esta disciplina.

Otra muestra de la intención de la Mutua de potenciar este servicio, es la política de expansión trazada y que en breve permitirá erigir centros de estas características en poblaciones como Málaga, Córdoba, Almería, Sevilla, Granada y Palma de Mallorca.

Líneas de investigación

El tipo de rehabilitación aplicado en Activa Mutua es traumatológico, derivado de un accidente laboral. En este punto, manifiesta el Dr. Kranjcec, “se ha conseguido una alta especialización en la Mutua” con notorios avances en el tratamiento del Síndrome del Dolor Regional Complejo o Sudeck. Aquí se emplean cajas equipadas con espejos en su interior. También Activa Mutua ha conseguido un nivel de distinción en el entorno de la iontoforesis, que tal y como describe el Dr. Kranjcec, consiste en “la aplicación de medicación junto con corriente galvánica, muy utilizado con éxito para calmar el dolor”.

Junto con la institución CTM, también se ha iniciado otra línea de investigación que emplea un micrófono altamente sensible para detectar los sonidos característicos que pueden tener algunas lesiones de hombro o rodilla. La técnica se basa en la experiencia previa que ha acumulado CTM para distinguir el ruido que genera un material antes de romperse. En este estudio, se traslada esta experiencia al cuerpo humano y se intenta prevenir la ruptura de un tendón inflamado o parcialmente roto mediante el sonido que emite en movimiento.

Ahorro de 280 millones en impuestos

 Se fomenta el autoempleo en el régimen de autónomos.

Más de 75.000 nuevas empresas y autónomos se ahorrarán 280 millones de euros cada año en impuestos con la reducción tributaria aprobada el pasado Consejo de Ministros. El Gobierno aprobó el viernes un amplio real decreto de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo al crecimiento económico.

Entre el abanico de medidas de orden social, laboral, tributario y económico, y que fue publicado ayer en el BOE, figura un nuevo régimen de tributación reducida para sociedades de nueva creación y autónomos durante los dos primeros ejercicios de actividad con resultado positivo.

El tipo general de tributación de las sociedades es del 30%. Las empresas con una cifra de negocio menor de 10 millones de euros, tienen una tributación reducida con un tipo de gravamen del 25%, para los primeros 300.000 euros de base imponible y del 30% para el exceso del importe.
A partir de ahora, además, las sociedades de nueva creación tributarán a un tipo reducido del 15% para esos primeros 300.000 euros durante los dos primeros ejercicios en que se obtengan resultados positivos. El exceso tributará al 20%, frente al 30% de tipo general de gravamen del impuesto de sociedades, también durante los dos primeros ejercicios positivos.
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha estimado que el número de beneficiarios potenciales por esta medida superará las 20.000 empresas cada año, siendo el coste para el erario o, desde otro punto de vista el ahorro fiscal para los contribuyentes, de 270 millones de euros al año.


Por otra parte, otra medida aprobada permite que los autónomos que inicien una actividad económica puedan aplicarse también en el IRPF una reducción del 20% en los rendimientos netos que obtengan durante los dos primeros ejercicios en que obtengan resultados positivos (rendimiento neto positivo). En este caso el número de beneficiarios potenciales es superior a los 55.000 cada año, con un ahorro fiscal de 10 millones de euros al año.

En tercer lugar el real decreto que publicó el BOE recoge también medidas de fomento del autoempleo en el régimen de autónomos. Los desempleados que decidan establecerse como autónomos podrán beneficiarse de la exención completa en el IRPF de las prestaciones por desempleo cuando el abono de la prestación sea en forma de pago único (hasta ahora estaban exentos solo hasta 15.500 euros).

Se estima en 21.000 los beneficiarios de esta tercera medida, aunque parte de ellos estarán integrados también en la primera y segunda medida (deciden cobrar el seguro de paro de una sola vez para crear una empresa o instalarse como autónomos).

Las medidas de estímulo al emprendimiento entran hoy en vigor

Hoy se pone en marcha el segundo paquete de reformas.

La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy un paquete de medidas y de estímulo para el fomento de la actividad emprendedora. Sáenz de Santamaría hizo este anuncio antes de la segunda sesión del debate de la política general donde añadió que el Consejo de Ministros también abordará un paquete de medidas de ámbito laboral, sin concretar de qué medidas se trata. Mariano Rajoy ya anunció varias medidas para incentivar la creación de nuevas empresas como una tarifa plana de 50 euros durante seis meses en la cotización a la Seguridad Social para menores de 30 años y nuevos autónomos.

Entre las medidas para incentivar la actividad emprendedora, Rajoy también anunció la posibilidad de compatibilizar la prestación por desocupación con el inicio de una actividad por cuenta propia. Asímismo, los nuevos empresarios de menos de 30 años podrán capitalizar hasta el 100 por ciento de su prestación.

Para facilitar la segunda oportunidad empresarial, se ofrecerá una vía alternativa al concurso judicial, más flexible, más amplia y que se adapte a las necesidades de estos colectivos y se agilizarán los trámites para la creación de empresas económicas a través de la reforma de la administración local. Los emprendedores podrán efectuar los trámites municipales necesarios a través del portal 'emprende en tres'.

La vicepresidenta del gobierno español ha anunciado también que el Consejo de Ministros abordará hoy también varias medidas de ámbito laboral pero no ha podido concretar de qué qué medidas se trata. Soraya Sáenz de Santamaría asegura que ahora lo más importante "es poner en marcha hoy mismo este segundo paquete de reformas".

Según la vicepresidenta "España sale reforzada" de este debate de política general así como "la idea que el Estado español tiene futuro y que se han superado cosas muy difíciles, que estamos en el camino y dispuestos a dar la batalla". Asímismo y preguntada por posibles acuerdos con el resto de grupos parlamentarios, la vicepresidenta comenta que "lo intentaremos en materia de transparencia, corrupción, pensiones...", para acabar diciendo que "hay muchos temas en que nos podemos encontrar y desde el Gobierno español hay voluntad".

Los autónomos logran no pagar el IVA de las facturas no abonadas, pero tendrán que esperar un año más

400.000 autónomos han dejado de serlo por la crisis.

Las principales organizaciones de autónomos, ATA y UPTA, han valorado la nueva medida anunciada por el presidente del Gobierno a partir de enero de 2014 para que los autónomos no paguen el IVA hasta que hayan cobrado las facturas.
No obstante, el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, ha lamentado, que la medida se posponga todavía un año.
Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, añade en otra nota de prensa que "éste es el camino que España necesita para la recuperación económica, la generación de empleo y el impulso de la actividad".
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) indica que el devengo del IVA en caja "llegará demasiado tarde para aquellos autónomos que están ahogados por la falta de crédito y la contracción del consumo" y recuerda que cerca de 400.000 autónomos que han tenido que abandonar su actividad por la crisis.
Sebastián Reyna alerta de que muchos trabajadores no podrán aguantar un año más, al tiempo que lamenta que Rajoy considere que la flexibilización de los horarios comerciales es una medida de apoyo "cuando lo único que ha conseguido es el cierre de muchos comercios minoristas".
El presidente de ATA celebra que el Gobierno "pase a la acción en materia económica" así como el anuncio de la limitación de la responsabilidad patrimonial del autónomo para otorgarle una segunda oportunidad cuando le van mal los negocios.
Por otra parte, las organizaciones de autónomos UTAE y OPA han celebrado que los emprendedores y pymes no abonen el IVA hasta cobrar las facturas porque les facilitará liquidez.
La secretaria general de UTAE, María José Landaburu, añade que "supondrá un verdadero alivio para los autónomos", mientras el presidente de OPA, Camilo Abiétar, indica que "impulsará el negocio".
No obstante, respecto a la ampliación de las líneas ICO para facilitar la financiación, ambas organizaciones han pedido que se "flexibilicen" los requisitos y condiciones bancarias para poder acceder a ellas.

Vía libre al crédito para autónomos y pymes

Se considera que ha finalizado el proceso de saneamiento de la Banca.

Todo parece indicar que en el Debate de la Nación previsto para hoy miércoles, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciará una serie de medidas financieras con el propósito de que autónomos, pymes y pequeñas empresas puedan acceder con fluidez a la ansiada financiación con la que insuflar oxígeno a la actividad empresarial y por consiguiente, a la contratación de personal.
Entre esas medidas financieras, que no son otra cosa que insinuaciones por parte de la Comisión Europea y el BCE para que la Banca española comience la concesión de crédito puesto que a su entender, se encuentra ya en condiciones para ello, las propuestas más atractivas provendrán del ICO, del BEI o de la creación de un mercado de pagarés cotizados de renta fija.
El objetivo final del ambicioso proceso de auditoría, saneamiento y reestructuración al que se ha sometido a la banca española es el de reactivar la concesión de créditos, fundamentalmente a pymes, que constituyen más del 90% del tejido productivo y tienen en sus manos el crecimiento y el empleo del país. Encauzada la reforma financiera hacia su etapa final, el Gobierno pretende ahora demostrar la eficacia de esta medida y aportar vías alternativas de financiación que insuflen vida a las empresas mientras se normaliza la banca.

Éstas, o al menos buena parte de ellas, han sido consensuadas en los últimos días con las entidades, a las que el Ministerio de Economía ha venido solicitando propuestas concretas para reactivar el crédito, según revelan fuentes del sector. La negociación ha afectado particularmente al plan del Gobierno para potenciar las líneas de préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que este año ha dispuesto 22.000 millones de euros, especialmente destinados a pymes y a su internalización. La banca reclama que el Estado soporte la mayor parte del riesgo en estas líneas y que rebaje el interés del 2% para permitirles obtener más margen al comercializar sus créditos, lo que podría fundamentar algunos de los anuncios de hoy.

Otro de los interlocutores que ha tenido estos días el Gobierno es el Banco Europeo de Inversiones (BEI), que ya viene colaborando con el ICO en líneas de financiación y se prevé que tenga un papel destacado en el nuevo plan de apoyo a pymes, tras desembolsar 500 millones en diciembre para este fin.
El Gobierno ha reservado este año 200 millones del ICO a préstamos avalados por sociedades de garantía recíproca, aunque podría no ser suficiente. Por eso, el Gobierno también ultima vías de financiación alternativas a la banca, como es el caso del Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF). Se trata de una plataforma de pagarés cotizados que debe permitir a las pymes un acceso directo a financiación en los mercados. Aunque esta medida no está madura, fuentes cercanas al proyecto señalan que debería estar diseñada entre marzo y abril para su lanzamiento operativo en junio.

Activa Mutua perfecciona el servicio de rehabilitación con una nueva Unidad de Biomecánica

El equipamiento mejora la fisioterapia y agiliza la recuperación.

A principios de año, Activa Mutua ha puesto en marcha en Barcelona, en el centro asistencial de la Avenida Josep Tarradellas, una nueva Unidad de Biomecánica. El Dr. Tomislav Kranjcec, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, jefe del Departamento de Rehabilitación y responsable de esta Unidad, explica que la Entidad se ha dotado con este equipamiento “para objetivizar los movimientos del paciente que percibe exploración médica y tratamiento diario”. El propósito, “valorar la funcionalidad de la persona durante sus actividades cotidianas o en su puesto de trabajo”. Un sistema que también es útil a la hora de complementar rehabilitaciones específicas que puedan requerir mediciones de equilibrio, marcha o en aquellas personas que hayan sufrido la amputación de una extremidad inferior. La Unidad de Biomecánica también valora aquellos casos que se encuentran en fase de estudio por discapacitad, según conmina el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) con la realización de pruebas biomecánicas. El Dr. Kranjcec calcula que en el 80-90% de los casos, “la Seguridad Social solicita una prueba funcional”.

El procedimiento de la Unidad de Biomecánica se inicia con la exploración clínica del paciente y se valoran los informes aportados por el enfermo. A continuación, se proceden a las pruebas en función de lo que se evalúe (marcha, esfuerzo,…). “Comparamos los movimientos que realiza el paciente con los registrados en una gran base de datos de población sana, segmentada por edad, sexo, peso y altura”. A partir de esta comparativa, “decidimos si el paciente ha realizado una prueba que puede enmarcarse dentro de la funcionalidad y determinar si es apto o no para realizar según qué trabajos o cometidos”. El Dr. Kranjcec apunta que también “es muy útil” para considerar que los tratamientos que están siendo aplicados son los correctos para curar al paciente lo antes posible. “Es una prueba multicéntrica y desde varias dimensiones se confirma si la persona puede hacer o no una serie de movimientos”. Todo acorta el tiempo de rehabilitación, de baja y justifica aquellos procesos que realmente se alargan en el tiempo.

La biomecánica es una ciencia relativamente nueva, se instauró a mediados del siglo pasado, es una área de conocimiento interdisciplinaria que estudia los modelos, fenómenos y leyes que sean relevantes en el movimiento (incluyendo el estático) de los seres vivos. Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. Esta área de conocimiento se apoya en varias ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de mecánica, ingeniería, anatomía, fisiología y otras disciplinas para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las cuales puede verse sometido.

Las Administraciones Públicas adeudan unos 4.811 millones de euros a los autónomos

La deuda se reduce en casi un 13 por ciento.

El Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA ha realizado una encuesta a 882 trabajadores autónomos, distribuida por todo el territorio nacional y teniendo en cuenta la proporcionalidad de autónomos en cada región. De dichas encuestas puede comprobarse cómo se reduce el dinero que adeudan las Administraciones Públicas a los autónomos y la cuantía desciende, por primera vez desde el inicio de la crisis, de los 5.000 millones de euros hasta situarse en torno a los 4.811 millones de euros (en la anterior encuesta la deuda alcanzaba los 5.510 millones de euros).
Por primera vez ATA contempla, además de la deuda de las Administraciones Públicas (que abarcan a Administraciones Públicas Estatales, Comunidades Autónomas, Entes Locales, Diputaciones y Empresas Públicas) y de los tiempos de demora, los plazos de pago del sector privado con autónomos, atendiendo al tamaño de la empresa.

Las Administraciones catalanas, las más morosas
El análisis realizado por el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA analiza los datos por Comunidades Autónomas, donde se desprende que las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas) de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas. La deuda asciende a 796 mill. de euros, un 16,5% del total de la deuda española con los autónomos.
Las siguientes Administraciones Públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de: Andalucía (697 millones de euros, un 14,5% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (661 millones de euros, un 13,7%), Madrid (479 millones de euros, un 10% del total de la deuda española), Castilla la Mancha (333 millones de euros, un 6,9% del total de la deuda española), Murcia (275 millones de euros, un 5,7% del total de la deuda española con los autónomos) y Castilla y León (267 millones de euros, un 5,5% del total de la deuda española).
Por lo tanto, las Administraciones Públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 54,7% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.
Les siguen, por orden de mayor a menor deuda en los pagos, las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas) de: País Vasco (186 millones de euros, un 3,9% del total de la deuda española), Aragón (187 millones de euros, un 3,9%), Canarias (179 millones de euros, un 3,7% del total de la deuda española), Galicia (164 millones de euros, un 3,4% del total de la deuda española), Extremadura (153millones de euros, el 3,2% del total de la deuda española), Asturias (146 millones de euros, un 3% del total de la deuda española) e Islas Baleare (139 millones de euros, un
2,9% del total de la deuda española con los autónomos).
Las Administraciones Públicas de Cantabria, Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 62, 42 y 31 millones de euros, respectivamente, a lo que se suma que según el estudio realizado desde el Observatorio del Trabajo Autónomo también sean, en el caso de Navarra y La Rioja, de las Administraciones que menos tiempo tardan en abonar sus facturas (44 días de media, en el caso de Navarra y 49 en el de La Rioja), únicamente por detrás de País Vasco, cuyo plazo medio de pago de las Administraciones a los autónomos se encuentra en 43 días.

La deuda se reduce un 13%
En relación al último informe presentado por ATA, la deuda que las Administraciones Públicas mantienen con los autónomos se ha reducido un 12,7%, en 699 millones de euros y, como ya se ha apuntado, descendiendo la cuantía por primera vez de los 5.000 millones de euros, hasta situarse en 4.811 mill. de euros. Esta reducción de la morosidad se ha producido como consecuencia del la puesta en marcha del Fondo de Liquidez Autonómico unido a la reducción de gastos llevada a cabo por el conjunto de las Administraciones a nivel nacional. De ahí que en todas las comunidades autónomas haya descendido la deuda que tienen con los autónomos.
Cabe destacar el caso de Extremadura, que ha visto descender su deuda un 24,6%, en unos 49,8 millones de euros, hasta situarse en 153 millones de euros. Con una reducción también muy importante se encuentra País Vasco, comunidad cuyas administraciones han reducido la morosidad con autónomos y microempresas en un 21,2%, rebajando la cuantía de facturas pendientes de pago en 50,1 millones de euros.
En el otro extremo, las comunidades cuyas administraciones han reducido menos su morosidad con autónomos son Aragón, que únicamente ha visto descender su deuda un 3,2% (6,2 millones de euros), las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (ambas con un descenso del -3,8%), Canarias (-4,6%), Región de Murcia (-4,7%) y Asturias (-4,8%), cuyas administraciones no han logrado alcanzar una reducción del -5% en el importe de las deudas que mantienen con autónomos.
En las microempresas, el plazo medio de pago de las facturas atrasadas también se ha reducido, pasando de los 163 días de media, en el anterior informe, a los 148 días actuales, plazo que continúa la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la UE obligará a la Administraciones en 2013 a pagar en 30 días.
Si desglosamos los tiempos de demora, tres de cada diez autónomos encuestados desde el Observatorio del Trabajo Autónomo, el 29,1%, tarda en cobrar las facturas emitidas a la Administración más de seis meses, el 54,6% tarda en cobrar un periodo de entre 90 y 180 días y sólo el 16,3% de los autónomos cobra antes de 90 días.

Los ayuntamientos, los peor pagadores 
Dependiendo del organismo público al que facturen los autónomos, los plazos del cobro de facturas varían: el periodo medio de pago de la Administración Central a autónomos y pymes (aunque es en esta Administración donde menos trabajo tienen los autónomos) es de 47 días, acercándose a los 30 que establece la Ley, las Comunidades Autónomas pagan de media en 142 días y los Ayuntamientos en 154 días. Es en los Ayuntamientos donde se concentra el mayor volumen de la facturación de autónomos a las Administraciones Públicas.
Al desglosar esos 148 días que tardan, de media, en pagar las Administraciones Públicas, por comunidades autónomas, las Administraciones Públicas (Gobierno Autonómico, Diputaciones, Entes Locales y Empresas Públicas) de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 153 días en Cataluña y de 152 en la Comunidad Valenciana.
Por encima de la media nacional – 148 días – también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 151 días, Asturias y la Región de Murcia, ambas con 150 días de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos y Castilla la Mancha, comunidad cuyas Administraciones contemplan una medida de 149 días en pagar a sus proveedores autónomos y microempresarios.

Las empresas privadas pagan a 95 días, a 148 las administraciones
La encuesta realizada desde el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA recoge, por primera vez, los plazos de pago a autónomos de la empresa privada, haciendo una diferenciación según el tamaño de la empresa. Si en el caso de las Administraciones Públicas los autónomos tardan en cobrar sus facturas una media de 148 días, en el caso de las que emiten a empresas privadas el periodo de cobro se reduce hasta los 95 días, plazo también alejado de los 90 días que establece, como máximo, la Ley de Morosidad para 2013.
“A pesar de que es una buena noticia que se reduzca la morosidad pública con los autónomos y los periodos de pago, a menos de un mes de que entre en vigor la directiva europea que establece sanciones a quien incumpla los plazos de pago establecidos por Ley, aún estamos muy lejos de alcanzar lo que nos marcan desde Europa”, señala Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA.
Por ello, y para intentar poner freno a un problema tan grave para el colectivo de autónomos como es la morosidad, que continúa obligando a echar el cierre a cientos de autónomos cada día, y donde las Administraciones Públicas continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas, desde ATA pedimos al Gobierno cumpla la promesa que realizó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, relativa a que el autónomo que tenga dificultades para cobrar una factura de una administración pueda acudir directamente a Hacienda para que se la paguen. Luego será el Estado quién le descuente el importe a ese ayuntamiento o comunidad autónoma de su participación en los ingresos públicos.
Además resulta imprescindible como ya hemos reclamado en numerosas ocasiones desde
ATA que el Gobierno permita al autónomo compensar las deudas que tenga con Hacienda o con la Seguridad Social con las facturas impagadas que a su vez mantenga una administración con él; o bien, que pueda obtener un aplazamiento automático en sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social
“Es inconcebible que la Ley de Morosidad continúe sin un régimen sancionador. De nada sirve la norma si, al que la incumple, no se le aplica una penalización ejemplarizante”, añade Lorenzo Amor, Presidente de ATA.
Para poner coto a la morosidad privada, “del mismo modo que se exige a una empresa que cobra del sector público estar al corriente de pagos con Hacienda y Seguridad Social, se debe de exigir que también que esté al corriente de pagos con toda la cadena de subcontratación, donde se encuentran gran cantidad de autónomos”, señala Lorenzo Amor.

Fondo de Liquidez Autonómico
En cuanto al Fondo de Liquidez Autonómico, uno de los pilares que ha permitido reducir la morosidad de las Administraciones Públicas con autónomos y microempresas, Lorenzo Amor, Presidente de ATA, considera que éste “debe servir para que las comunidades autónomas y también los ayuntamientos paguen las facturas que adeudan a sus proveedores. Por ello, una parte de estos fondos deberían estar dirigidos obligatoriamente a reducir la morosidad”.
Finalmente, ATA considera necesario que se ponga en marcha con la mayor brevedad posible un nuevo Plan de Pago a Proveedores que al menos cubra la parte de los servicios que los proveedores ofrecían a los ayuntamientos a través de las mancomunidades y las facturas de ayuntamientos que no se acogieron al anterior programa de pagos como son Navarra, País Vasco y Galicia. Aunque desde luego, sería bueno ampliarlo a las deudas que se quedaron sin abonar del Plan anterior.

80.000 transportistas autónomos pueden quedarse en la cuneta

La Ley de Ordenación del Transporte Terrestre genera opiniones contrastadas.

En breve comenzará en el Parlamento el plazo de tramitación de la nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (Lott) que comporta la desregularización total del sector del transporte ligero. Esta desregularización queda patente en el artículo 42 de dicha Ley que exime de la necesidad de la obtención de la tarjeta de transporte a todos aquellos vehículos de entre 2 y 3.5 toneladas de masa máxima autorizada (MMA).

Ante este hecho, asociaciones de autónomos como Upta y ATA han dado la voz de alarma y por consiguiente han hecho llegar sus propuestas de enmienda a los distintos grupos parlamentarios. Todas ellas coinciden en que la liberalización del sector supondrá un incremento de la competencia desleal del sector, una saturación de la oferta e inevitablemente la destrucción de un elevado número de puestos de trabajo.

Sin embargo, la perspectiva de las empresas no es la misma, y tanto las pequeñas como las grandes ven la nueva ordenación una flexibilización de las condiciones de acceso al sector, lo que permitirá la regularización de muchos profesionales que actualmente frecuentan los aparcamientos de supermercados y centros del mueble. Según el rasero conforme se mire.

Según datos facilitados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) el número de profesionales dedicados al transporte ligero ha perdido un total del 16,47 por ciento de autónomos dados de alta en esta actividad, que en cifras reales supone casi 39.000 puestos de trabajo. Esta caída se debe a que es un sector especialmente sensible a la fluctuación negativa del consumo de las familias, lo que se agravada con el incremento continuado del precio de combustibles, impuestos y costes propios del sector.

Desde Upta opinan que el Gobierno, con la nueva Lott "intenta avanzar en una total desregularización del transporte ligero, lo que sólo puede crear más competencia desleal y producir más cierres aún en esta actividad". En este sentido, el secretario ejecutivo de Transporte de Upta España, Eduardo Abad, afirma que, "si bien las exigencias actuales para la capacitación profesional son excesivas, frenaban la desestructuración del sector", y añade que, "el hecho de que se exima a los vehículos de hasta 3,5 toneladas de la necesidad de disponer de la tarjeta de transporte debidamente visada supondrá una atomización del mercado y el fomento de una economía sumergida y la pérdida de calidad del sector".

Entre las enmiendas que ha presentado la asociación reclaman el mantenimiento de una autorización que habilite para el ejercicio de la actividad a todos los vehículos cuya MMA no supere las dos toneladas, si bien no mediante el actual sistema de capacitación profesional, sino con el establecimiento de unos requisitos mínimos como estar dado de alta como profesional autónomo en la actividad, disponer de vehículo propio, mantenerse al corriente del pago de las cotizaciones correspondientes y fijar periodos para el visado de dichas autorizaciones.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) también se ha pronunciado en contra del anteproyecto y han presentado distintas enmiendas que se desarrollan en los mismos términos. Sus portavoces declaran que la nueva Lott supone la legitimación de las camionetas de reparto que se subastan en las puertas de centros comerciales y se destruiría casi en su totalidad el sector del transporte de capilaridad. Esto beneficiaría a las grandes empresas que no tienen integrado el transporte ligero en su estructura y se dedican a la subcontratación de estos servicios.

La Federación presidida por Lorenzo Amor cree que efectivamente es necesaria una liberalización pero que ésta debe ser ordenada y en un momento en el que la economía no se encuentre tan dañada como ahora. Además opinan que la Lott va en contra del derecho comparado europeo, ya que países como Francia o Bélgica cuentan incluso con limitaciones para vehículos de tonelaje inferior a 1,5.

Plan de ocupación juvenil dotado con 3.500 millones

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los presidentes de la CEOE y Cepyme, Joan Rosell y Jesús Terciado, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

El gobierno español ha hecho público conjuntamente con la CEOE, Cepyme y los sindicatos CC.OO. y UGT la puesta en marcha de un nuevo plan de ocupación juvenil con 15 actuaciones "de choque" y 85 medidas a medio y largo plazo que quiere poner freno al alto índice de paro en este sector. El plan está dotado con 3.500 millones de euros y busca aumentar y mejorar la calidad y estabilidad de la ocupación, mejorar las posibilidades de encontrar trabajo de los jóvenes y fomentar el emprendimiento.

Los máximos representantes de la patronal y los sindicatos y el Ministerio de Ocupación han dado a conocer el plan después de reunirse en el marco del proceso de diálogo sobre la Estrategia de Emprendeduría y Ocupación Joven 2013-2016. El objetivo es reducir el nivel de desocupación de los jóvenes, y facilitar su acceso y permanencia al mercado de trabajo.

El Plan se ha elaborado en línea con las recomendaciones que hizo la Unión Europea e incluye 100 medidas que se distribuyen en dos grupos en función de su desarrollo e impacto en el tiempo.

El primer bloque lo conforman 15 medidas "de choque" que tienen que conseguir resultados "a corto plazo" con las que se pretende mejorar la ocupación de los jóvenes a través de la formación. Entre éstas, destaca la creación de nuevas ayudas destinadas a favorecer que los jóvenes que abandonaron su formación puedan reincorporarse al sistema educativo para acabar sus estudios.

Este paquete de choque también incluye iniciativas para el emprendimiento y la mejora de la intermediación para facilitar el acceso a un puesto de trabajo como por ejemplo el "Portal Único de Ocupación", donde se podrán encontrar todas las ofertas y recursos existentes para acceder a un trabajo ya sea como asalariado o por anticipado propio.

Aproximación a los autónomos
Esta medida beneficiará a todos los trabajadores independientemente de su edad. También se ponen en marcha medidas de carácter urgente para aproximar a los jóvenes a la órbita de los autónomos y de las empresas mediante la implementación de nuevos incentivos.

Las otras 85 medidas tienen que dar resultados a medio y largo plazo y se centran en la educación y la formación para favorecer la permanencia al sistema educativo, reconocer el valor de la formación profesional y permitir la adquisición de competencias útiles para la ocupación para que los jóvenes continúen su formación.

Según el comunicado, se trata de mejorar la orientación, el acompañamiento y la información a la que tienen acceso a la hora de buscar trabajo, así como de incentivar la contratación y posibilitar la compatibilidad de la ocupación y formación.

En total, el plan dispone de 3.485 millones de euros cofinanciados por el Estado y el Fondo Social Europeo. El paquete de las 15 medidas tienen un impacto económico en los 4 años de desarrollo de la Estrategia superior a 1.750 millones de euros de los que el 40% están destinados a los estímulos a la contratación, el 38% a las medidas de autoempleo y emprendeduría, y un 22% a la formación y a la mejora de la intermediación.

El resto de las medidas dispone de 1.700 millones de euros de los que el 50% son para actuaciones relacionadas con la formación y la educación.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad pide que los autónomos no tengan que avanzar el IVA de las facturas no cobradas y sea el deudor quien se haga cargo

El índice de morosidad fue del 7% en 2012.

Las administraciones públicas redujeron el pasado año un 13% el plazo de pago a los proveedores, a pesar de que casi cuatriplicaron los 40 días como máximo que permitía la ley, hasta los 141 días, un registro inferior en 21 días al año 2011, que fue de 162.
Así se desprende de un estudio a partir de 700 encuestas de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que también determina que en el sector privado el plazo de pago a proveedores disminuyó en un 5,1% y se situó en los 93 días. Por otro lado, la PMcM ha propuesto que las pymes y autónomos no tengan que avanzar el IVA de las facturas no cobradas y sea el deudor quién se haga cargo.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) -que agrupa entidades estatales, autonómicas y sectoriales, un millón de empresas en total- fue una de las impulsoras de la Ley 15/2010 contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y ha lamentado que si bien se permitió reducir deudas por valor de 27.000 millones de euros hasta el 31 de enero del 2011, los impagos de las administraciones públicas, a pesar de disminuir los plazos de media, se dispararon de nuevo el 2012.

Además, el 65,4% de las empresas encuestadas tuvieron en 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días como establecía la ley en 2010. El presidente de la PMcM, Antonio Cañete, ha recordado, en este sentido, que la ley española y la Directiva Europea que entrará en vigor en marzo obligará a las administraciones y al sector privado a pagar a los proveedores a 30 y 60 días, respectivamente.

Respecto al ratio de morosidad, se situó en un 7%, lo que representa un estancamiento respeto al 2011, que era del 7,1%. Y en el caso de no cobrar, sólo un 25% de las empresas exigió a sus clientes intereses de demora, ante el 75% restante que nunca o casi nunca lo hizo en 2012.

Por otro lado, la PMcM ha propuesto, entre otros, que pymes y autónomos que no tengan que avanzar el IVA de facturas no cobradas y que sea el deudor quien liquide el importe de las facturas que no ha pagado; establecer un régimen sancionador que regularice los pagos entre compañías con multas de hasta 900.000 euros y la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer "con rigurosidad" el comportamiento de los pagos.

"Lenta recuperación" de cara al segundo semestre del año

Draghi insta a trazar un plan fiscal a medio plazo.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dicho que "España va por el buen camino" y que "hay señales positivas" como el buen rendimiento del sector de la exportación o la práctica desaparición del déficit por cuenta corriente. Además, considera que el Estado español ha experimentando un progreso "enorme" durante el último año y ha vaticinado una "lenta recuperación" económica a partir del segundo semestre del año, que irá acompañada del crecimiento de la concesión de crédito por parte de las entidades financieras.

Preguntado por la carencia de la fluidez en el crédito por parte de las entidades financieras españolas, el presidente del BCE ha dicho que si todavía no conceden suficientes créditos es por el "riesgo" a los impagos, como principal factor. Con todo, Draghi considera que los bancos españoles están capitalizados de manera "adecuada" y que actualmente ya están "en condiciones de dar crédito". Con todo, el máximo dirigente del BCE considera que los ciudadanos y las empresas poco endeudadas ya están recibiendo crédito y que el resto lo harán a partir del segundo trimestre cuando empiece la recuperación económica.

También cree que el Estado español cuenta con "el mejor sistema de saneamiento y de recuperación de la zona euro" y que se ha avanzado mucho en la reestructuración del sistema bancario. Draghi ha destacado buena parte de las reformas estructurales que ha llevado a cabo el gobierno de Mariano Rajoy, como la reforma laboral que, a su parecer, "ha mejorado la flexibilidad" pero ha reconocido que todavía no ha dado los resultados esperados. También ha alabado el progreso en materia fiscal y en materia de competencia pero considera que "es un camino muy complejo" y que ningún país de la zona euro ha acabado su trabajo en todas estas materias.

A presar de las palabras de reconocimiento hacia la gestión del gobierno español, Draghi le insta a dar a conocer el próximo calendario de reformas para hacer frente a la reducción del déficit, asegurando que "es importante tener un plan fiscal a medio plazo con información detallada, esencial para todos los países, si quieren mantener su acceso a los mercados de financiación".

El encuentro del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, con los grupos parlamentarios estuvo marcada por su opacidad. El presidente del Congreso, Jesús Puesta, para evitar filtraciones, ordenó activar los inhibidores de frecuencia que dejaron los teléfonos móviles sin cobertura y los ordenadores sin posibilidad de conectarse a internet durante dos horas aproximadamente. Por ello, el grupo parlamentario socialista anunció que presentará una queja ante la cámara por lo que consideran un hecho "insólito".

100.000 autónomos trabajan en negro como método de supervivencia

43.000 autónomos menos afiliados a la Seguridad Social.

La Encuesta de Población Activa (EPA) y los datos de afiliación de la Seguridad Social ponen de manifiesto que  durante el pasado año 2012 unos 100.000 autónomos decidieron no declarar sus ingresos y trabajar en negro, según argumentan fuentes de colectivo como único método de supervivenecia ante la caída de ingresos y la fuerte presión fiscal y la falta de crédito.
Aunque durante los últimos días se ha querido destacar en ese periodo el incremento de 53.300 trabajadores por cuenta propia, contrasta sobremanera las cifras que arrojan los datos de afiliciación de la Seguridad Social, en donde puede comprobarse un alarmante descenso de unos 43.000 autónomos. Por consiguiente, se produce un desfase a lo largo de ese ejercicio de unas 100.000 personas que optaron por trabajar de manera irregular. 
Desde UPTA, el secretario general Sebastián Reyna ha manifestado al respecto que "preocupa el hecho de que ese diferencial esté ocultando el resurgimiento de la economía sumergida y comportamientos que se deberían vigilar. El Gobierno se acoge al dato mejor de la EPA en los trabajadores por cuenta propia, pero los de afiliación a la Seguridad Social tienen efectos muy perniciosos en materia de ingresos y regularización”, alerta.
En numerosas ocasiones, este 'ocultamiento' ni siquiera resulta ilegal, pues una sentencia establece que un trabajador por cuenta propia que cobra por debajo del salario mínimo no tiene por qué cotizar a la Seguridad Social.
Cualquier mejora de la actividad siempre va precedida de una elevación del autoempleo. Pero el hecho de que éste crezca ahora en la economía sumergida plantea que no se están eliminando rigideces y costes que impiden su afloramiento, detallan desde este colectivo. Por todo ello, el Gobierno prepara un plan con el fin de reforzar el emprendimiento.
Muchos especialistas indican que el trasvase hacia el trabajo en negro también se produce para rebajar costes, mantener la competitividad y sobrevivir ante la brutal caída de la demanda y el crédito.

La deuda pública seguirá por debajo del 100% del PIB, según Fitch

Las exportaciones reactivarán la economía en 2014.

La agencia de calificación Fitch ha decidido mantener la nota BBB en perspectiva negativa al considerar que la deuda pública del Estado español continuará por debajo del 100% del PIB, "incluso asumiendo cierta desviación fiscal y que la profunda recesión continúe el 2013". Fitch reconoce también el esfuerzo para ayudar a la banca y que el "compromiso" del Gobierno español para reducir la deuda es "fuerte", pero advierte que todavía "traerá varios años eliminar el déficit estructural en términos estructurales". La agencia mantiene la perspectiva negativa, motivo por el cual no se descarta que lo pueda rebajar en los próximos meses en futuras revisiones.

Fitch explica que la nota para el Estado español es más baja que otras economías avanzadas, pero recuerda los riesgos que tiene para financiarse debido a su situación y los ajustes que está sufriendo, además de las "inciertas" perspectivas de crecimiento. "Todos los sectores de la economía están endeudados y el paro es excepcionalmente alto", dice Fitch.

Fitch pronostica una recuperación de la economía para el año 2014 gracias a las exportaciones, mientras que la demanda interna se mantendrá moderada por un periodo más largo. Respecto a la deuda pública, la agencia cree que llegará a su máximo el 2014 o 2015, cuando logrará un 96% del PIB. Fitch considera que el España continuará teniendo acceso a los mercados y si nó, confía que acabará pidiendo el rescate en el "momento oportuno".

A mediados de este año la economía se recuperará de manera gradual, según el BCE

Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo.

La debilidad económica a la Eurozona continuará a lo largo de los primeros meses del 2013, mientras que, durante la segunda mitad del año, "la actividad económica se recuperará de manera gradual, con el apoyo de nuestras políticas monetarias y la mejora de la confianza en los mercados financieros, así como con el fortalecimiento de la demanda global". Así lo expone el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi. Aunque a pesar de la recuperación de la economía de la zona euro durante los últimos meses del 2013, todavía hay más riesgos negativos que positivos, advertido Draghi. En el segundo y el tercer trimestre del año pasado, la economía de la Eurozona se contrajo, entrando de este modo en recesión, y se prevé que los datos del cuarto trimestre muestren una bajada todavía más acusada. No será hasta "más tarde", a lo largo de este 2013, que la economía se podrá ir recuperando gradualmente, apunta el presidente del BCE.
Por otro lado, Draghi se muestra confiado que la tasa de inflación armonizada en la zona euro baje del 2% en los próximos meses y ha insistido que hay que contener las presiones inflacionistas con el objetivo de "mantener la política monetaria expansiva".
El presidente valora positivamente la devolución de parte de la liquidez a tres años que el regulador bancario europeo dejó en los bancos el año pasado y ha asegurado esto ha contribuido a "una mejora de la confianza en los mercados financieros".
Para Draghi, otra señal del regreso de la confianza es la apreciación del euro, si bien en este sentido ha advertido que el BCE controlará "de cerca" la evolución del mercado de divisas y el impacto de un euro más fuerte. El euro llegó a su máximo en los últimos 15 meses el 1 de febrero, día en que se llegó a cambiar por 1,3711 dólares.
Dragui evita valorar la ley de emergencia aprobada este jueves por Irlanda para liquidar el fallido Anglo Irish Bank con el objetivo de rebajar la deuda que contrajo el estado para salvar la entidad, un caso que es consecuencia de la crisis financiera del 2008. El presidente del BCE se ha limitado a decir que la institución "ha tomado nota de la operación irlandesa".
El Banco Central Europeo ha anunciado que mantendrá los tipos de interés a su mínimo histórico del 0,75%. Los tipos de interés del euro se mantienen de este modo en su nivel más bajo desde la creación de la moneda única, y lo hacen por octavo mes consecutivo. Con esta decisión se enfrían también las expectativas de un nuevo recorte, que Draghi insinuó el pasado mes de diciembre, momento en el que ya se mostró más optimista sobre la situación económica.