Cierran 100 comercios de autónomos al día

Sus ventas caen un 13%, frente al 4% de las cadenas.

La caída del consumo y la recesión provocó que en el mes de febrero 2.791 autónomos dedicados al
comercio, unos 100 al día, clausuraran sus negocios, lo que refleja que el sector continúa en "caída libre", según la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Las ventas del comercio minorista bajaron en febrero el 10,6% y encadenaron 32 meses a la baja, en tanto que el empleo retrocedió un dos por ciento y sumó 55 meses de caídas, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para ATA es "especialmente preocupante" que los comercios familiares y de proximidad continúen profundizando su caída, siendo en enero las empresas unilocalizadas las que mayores descensos en las ventas registraron (13%), mientras que las ventas de las grandes cadenas se redujeron el 4,1%.

"Estos datos reflejan la mala situación por la que está atravesando el sector, que se ha convertido, junto a la construcción, en uno de los más afectados por la crisis", según el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

La federación insiste en la necesidad de que se articulen medidas para ayudar a un sector que emplea a casi tres millones de personas y que es el eje vertebrador y de cohesión social de muchos municipios y ciudades del país.

Estas medidas pasarían por facilitar la financiación, mejorar la competitividad del sector, fomentar la innovación y el uso del comercio electrónico, y apostar de forma decidida por la formación.

Ampliado hasta el 1 de abril, el plazo para que los proveedores confirmen facturas pendientes con los ayuntamientos

Extendido el Plan de Pago a Proveedores.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha ampliado hasta el 1 de abril el plazo para que los proveedores de entidades locales que quieran acogerse a la extensión del Plan de Pago a Proveedores soliciten ser incluidos en el listado de facturas pendientes. Los ayuntamientos podrán facilitar esta información al Ministerio hasta el 5 de abril. Se pueden acoger facturas anteriores al 1 de enero del 2012 y se cobrarán a la primera quincena de junio. El Gobierno español aprobó la extensión del plan el pasado 23 de abril y prevé destinar 2.600 millones de euros.

Los proveedores pueden confirmar las cifras en los ayuntamientos donde tienen pendientes las facturas y hacer la gestión con el NIF, número de cuenta corriente e importe principal.

La solicitud implica la aceptación del cobro por este mecanismo, pero también renunciar a intereses y otros gastos.

Una vez que los proveedores confirmen las facturas pendientes, los ayuntamientos emitirán un certificado individual de reconocimiento de la obligación.

Se pueden acoger las entidades que quedaron fuera de la primera fase del plan, así como municipios y comunidades autónomas que se acogieron pero tienen deudas en algunas de las nuevas formas contractuales que se incluyen ahora.

Estos nuevos tipos de contratos son los convenios, los contratos de arrendamiento de inmuebles, los encargos de gestión, los contratos de colaboración público-privada, y determinadas concesiones de obra pública y de gestión de los servicios públicos.

Aumentan las empresas innovadoras en España

En España hay 50.982 empresas innovadoras.

El número de empresas innovadoras crece un 59% en España, según el estudio europeo sobre I+D+I. El Strategic Research Center de EAE Business School ha presentado el estudio anual.
La Inversión en I+D+i en España 2013, que desde hace cinco años analiza la inversión pública y privada en innovación en Europa y España. En general, España ocupa el puesto 16º entre 27 países.

En 2011, el gasto total en I+D+i por español fue de 307,30 euros, un 3,07% menos que en 2010, siendo el porcentaje de inversión total en I+D+i respecto al PIB del 1,33%. El gasto privado en I+D+I está por debajo de Alemania (604 euros), Francia (438), Reino Unido (305) e Italia (177).

Mientras el gasto privado por habitante fue 160,30 euros (1,73% menos que en 2010), el gasto público por español ascendió a los 59,90 euros (5,94% menos que en 2010). España ocupa la zona media-alta de la tabla con una cifra de inversión pública por habitante en I+D+i más alta que la de países como Italia (44,7 euros), Reino Unido (46 euros) o Dinamarca (28,9 euros).

La inversión en I+D+i en 2012 respecto al PIB es del 1,33%, un 4,32% menos que en 2010. Madrid (5.300 millones), Catalunya (3.400), País Vasco (1.500), Andalucía (930) y Comunidad Valenciana (700), son las regiones con mayores cifras de inversión. Aunque las que tienen mejor tasa de inversión respecto a su PIB son País Vasco (2,1%), Navarra (2,05%), Madrid (1,99%), Cataluña (1,55%) y Andalucía (1,33%).

Las CCAA con mayor intensidad de innovación son Navarra, País Vasco, Castilla y León, Rioja y Aragón, con índices de 1,43, 1,31, 1,18, 1,08 y 1,07.

En España hay 50.982 empresas innovadoras o con innovaciones en curso o no exitosas para el periodo 2009 – 2011, un 59% más que en el periodo 2008 - 2010. Catalunya, Madrid, Andalucía, C. Valenciana y País Vasco aglutinan el 69% de ellas. Los sectores que concentran mayor porcentaje de empresas innovadoras son Farmacia, Productos informáticos, electrónicos y ópticos, Química, Programación, consultoría y otras actividades informáticas y vehículos de motor.

Los países con mejor porcentaje del PIB respecto a su inversión en I+D+i son Finlandia, Suecia y Dinamarca, con ratios de 3,78%, 3,37% y 3,09% respectivamente.

Los autónomos podrán jubilarse a los 63 años

Ahora se intentará la de caracter excepcional a los 61.

El Gobierno ha modificado el texto del Proyecto de Ley de reforma de las pensiones para ampliar la posibilidad de jubilación anticipada a los 63 años al colectivo de los autoempleados y en las mismas condiciones que para los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social.
El texto anterior del Anteproyecto de Ley de Actualización, Adecuación y Modernización del Sistema de Seguridad Social, en su artículo 5 no negaba expresamente la jubilación anticipada voluntaria para los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, en su disposición adicional quinta no consideraba esta posibilidad como de aplicación general a todos los regímenes de la Seguridad Social.
Una redacción que parecía excluir de este derecho a los afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) y que había causado cierta inquietud entre las asociaciones representativas del trabajo autónomo, hasta el punto de que la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) había negociado con todos los grupos parlamentarios la presentación de enmiendas encaminadas a subsanar esta aparente discriminación.

Algo que, como reconoce el secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, "ya no será necesario", porque los responsables del Ministerio que dirige Valeriano Gómez han estado ágiles en esta ocasión, cumpliendo con los compromisos asumidos por el director general de la Economía Social y del Trabajo Autónomo, Juan José Barrera, con el propio Sebastián Reyna y con el presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor.
De esta forma el texto definitivo del proyecto de ley, remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, incluye ya en su redacción que la posibilidad de jubilación anticipada voluntaria a los 63 años "será de aplicación a todos los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social".
A pesar de que las asociaciones de autónomos han recibido "con satisfacción" la modificación introducida en el Proyecto de Ley, Sebastián Reyna apunta que desde UPTA van a trabajar también para conseguir la posibilidad de acceso a la jubilación anticipada de carácter excepcional a los 61 años para los trabajadores autónomos que hayan sido beneficiarios de la prestación por cese de actividad involuntaria y, por lo tanto, que hayan entrado en una situación de "crisis definitiva".
Una condición que, en palabras de Sebastián Reyna "ya se establece para el resto de los trabajadores con referencia a su empresa y que nosotros hemos hecho llegar a los grupos parlamentarios mediante una propuesta de enmienda".

Desde ATA se ha pedido al Gobierno una rebaja en el sistema de módulos por los que tributa el comercio, ya que las ventas en la actividad han descendido un 25%, por lo que ven conveniente adaptar la fiscalidad a la nueva realidad que vive el sector.
Los datos cifran en más de 3.000 negocios los que han tenido que echar el cierre por la crisis y la caída en el consumo de los ciudadanos y más de 65.000 personas han perdido su empleo como consecuencia de esta situación.

El colectivo de autónomos extranjeros se reduce en casi 3.000 personas

La comunidad china, la única que no ha descendido.

El Régimen de Autónomos (RETA) perdió afiliados de casi todas las nacionalidades hasta el mes de febrero, destacando la caída de los cotizantes rumanos, con 432 bajas. Por el contrario, los autónomos chinos consiguieron mantenerse en cifras positivas, ganando 11 afiliados en los dos primeros meses.
El responsable del área de autónomos inmigrantes de ATA, Guillermo Guerrero, ha resaltado la importancia de apoyar al colectivo en la actual coyuntura económica para frenar el cierre de negocios tanto entre los emprendedores nacionales como entre los extranjeros.
Sólo en febrero, el RETA perdió 528 cotizantes extranjeros, a los que hay sumar las 1.630 bajas de enero. En este sentido, la organización de autónomos UPTA ha pedido al Gobierno que intensifique con urgencia una actitud positiva de las administraciones públicas para fomentar y facilitar el emprendimiento entre la población inmigrante.
"Cada vez se ponen más trabas para la concesión de los permisos de trabajo por cuenta propia, especialmente para las personas que lo solicitan a través de la demostración del arraigo social. Con ello se está perdiendo posibilidad de aumentar la actividad económica y sólo se fomenta el crecimiento de la economía sumergida", ha denunciado el coordinador nacional del Área de Inmigración de UPTA, Eduardo Abad.
Aunque el balance de los dos primeros meses del año es positivo, tanto UPTA como la organización de autónomos Uatae han destacado que febrero ha sido el primer mes desde el estallido de la crisis en el que los ciudadanos chinos no han elevado su afiliación al RETA, pues ésta se ha mantenido invariable respecto a enero.
Según Uatae, los autónomos chinos se están "refugiando", sobre todo, en las comunidades de Cataluña y Castilla y León, mientras que en otras regiones, como en Madrid, se siguen registrando caídas en los afiliados de esta nacionalidad.
La secretaria general de Uatae, María José Landaburu, ha denunciado que este colectivo, además de sufrir de forma acusada los efectos de la paralización del consumo, está padeciendo "un cierto desprestigio social" que está forzando a muchos pequeños autónomos chinos a cerrar sus establecimientos y volver a su país.

La caída del PIB para este 2013 ya no es del 0,5% sino del 1,5%

Se está a la espera del Programa de Estabilidad.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, manifiesta que el Ejecutivo puede cambiar en breve las previsiones económicas del 2013, que hasta ahora apuntaban a que la economía española sufrirá una caída del PIB del 0,5%, mientras que todos los organismos internacionales sitúan la recesión entre el 1,4% y el 1,5%. Rajoy ha recordado que las previsiones "no son manifestaciones de buenos deseos, ni quinielas, ni apuestas" sino "objetivos de política económica que quieren adecuarse a la realidad del país".

El presidente español ha hecho estas manifestaciones a la sesión de control del Congreso y en respuesta a una pregunta del líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que lo ha acusado de haber "tiradola toalla" y le ha reclamado que cambie la senda de la política económica.

Según el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy se ha "resignado" en lo concerniente a desocupación y acabará la legislatura con datos de desocupación peor que al inicio. "Cambie su política económica, laboral y de crecimiento porque si nó la legislatura será un desastre".

En su respuesta, Rajoy ha recordado que el Estado tiene pendiente presentar el programa de estabilidad en el mes de abril y "si es necesario procederemos a una rectificación, a un cambio en estas previsiones, igual que han hecho el Fondo Monetario y la Comisión Europea".

"Los organismos internacionales han cambiado en numerosas ocasiones las previsiones, y hay factores que nos pueden obligar como por ejemplo, la situación de los socios comerciales, la financiación de la economía, lo que pase con el procedimiento de déficit excesivo y la senda de cumplimiento", ha dicho.

Todo ello, ha admitido "nos puede obligar a cambiar las previsiones, y de hecho creo que cambiaremos las previsiones, pero en cualquier caso lo importante son las medidas de política económica, y nosotros mantendremos la política de contener el déficit público, reestructurar el sistema financiero y las políticas de crecimiento".

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha apuntado que las previsiones se tienen que ajustar a la "realidad" y ha recordado que antes de abril el Gobierno español hará unas proyecciones "muy conservadoras" porque "lo que importa es que la senda de reajuste fiscal sea muy creíble".

Las pymes y autónomos tendrán que presentar a Hacienda, su libro de registro de facturas cada tres meses para aplazar la liquidación del IVA

Hacienda revisará el libro de facturas cada tres meses.

La Agencia Tributaria inspeccionará cada tres meses el libro de registro de facturas de las pymes y autónomos que quieran pagar el IVA después de cobrar por sus trabajos. Accederá así a la información de las facturas emitidas y recibidas de cada empresa en cada trimestre y excluirá de la iniciativa a aquellas en las que se detecte fraude en el IVA o a las morosas con la Administración.

El Gobierno permitirá que las pymes y autónomos no paguen el IVA a Hacienda hasta que cobren la factura a partir de enero de 2014. Esta iniciativa está destinada a los pequeños empresarios y autónomos que facturen menos de dos millones de euros al año. Se calcula que podrán beneficiarse 1,3 millones de autónomos y más de un millón de pymes.

Esta iniciativa supone un alivio para los pequeños empresarios porque la morosidad de las administraciones públicas se ha disparado en los últimos años y es frecuente que los proveedores tengan que liquidar el IVA a Hacienda sin haber cobrado la factura, lo que supone una importante merma en su tesorería.

Según publica El Confidencial Digital, el Ejecutivo no va a poner fácil a las pequeñas y medianas empresas y autónomos la posibilidad de pagar el IVA después de cobrar las facturas.

Será importante tener en cuenta la letra pequeña. Y, sobre todo, cumplir varios requisitos: si se detectan irregularidades en su facturación o no se está al corriente de pagos con la Administración quedarán automáticamente excluidas de este programa.

La exigencia principal será la revisión cada tres meses por parte de Hacienda del libro de registro de facturas. Tendrá, de esta manera, la información de las facturas emitidas y recibidas de cada empresa en cada trimestre.

Pretende tenerla en su poder sin necesidad de tener que solicitarla formalmente para poder ser tratada por los procesos informáticos de la Agencia Tributaria y detectar irregularidades. Hasta ahora, Hacienda sólo obliga a presentar el libro de registro de facturas en caso de que la empresa sea requerida a ello.

Se busca, con estos controles, certificar que las compañías y autónomos que se acogen a esta iniciativa no cometen fraude en el IVA.

Otro de los objetivos que se persigue revisando su facturación es comprobar si se trata de compañías morosas, en cuyo caso tampoco se les permitirá aplazar la liquidación del IVA hasta cobrar por los trabajos o servicios prestados.